Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), se convirtió en la responsable de despabilar al pueblo judío del prolongado sueño que se puede dominar eterna y militarmente los territorios conquistados en la guerra de 1967, a la par que se los coloniza con población civil judía.
En una ponencia al alto tribunal de La Haya, esta jerárquica funcionaria solicitó autorización para iniciar una investigación criminal, donde menciona que “hay indicios racionales para proceder a una investigación sobre la situación en Palestina”, para agregar posteriormente “estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este”. Los jueces deberán pronunciarse en el término de 120 días, sobre todo con referencia a la competencia territorial, temática no definida claramente aún.
El anuncio, aunque no sorpresivo para quienes se actualizan de acontecimientos importantes de la diplomacia internacional, conmovió a amplios sectores de la sociedad israelí. En palabras del conocido periodista Barak Ravid, “la sola posibilidad que los jueces autoricen la apertura de la investigación solicitada por la fiscal, significa un terremoto diplomático que podría posicionar a Israel frente a un tsunami político y judicial, incluyendo interrogatorios y órdenes de captura contra altos funcionarios del estado” (Canal 13 TV, 20-12-19).
Acorde con la conocida costumbre de la diplomacia israelí, para las primeras replicas se recurre al conocido victimismo y la discriminación anti israelí. En ese tono se escucharon expresiones como “decisión injustificada”, “discriminación contra Israel frente a otras regiones con crímenes de guerra que no son investigados”, “un día negro para la justicia y la verdad” “convierten a la CPI en un arma político contra Israel”. Algunos extremistas llegaron a insultar a la Corte y a su fiscal con la vapuleada y desgastada acusación de antisemitismo. Solo el fiscal general Mandelblit se basó en el principio de la competencia territorial como argumento que puede tirar por el piso el progreso futuro de esta investigación.
Fuera de la posibilidad mencionada que la iniciativa de Fatou Bensouda quede en la nada, Israel dispone de una infraestructura sofisticada de jueces, juzgados, juristas, pruebas y argumentos que le permitirá, muy probablemente, zafar de toda acusación de crímenes de guerra cometidos por israelíes en combates o refriegas armadas. Todos los intentos de los últimos años con este objetivo finalizaron en fracasos. Los ejemplos del asalto al buque turco Marmara con 9 muertos, y el caso del cabo Francisco Soria, soldado español en las fuerzas de ONU que cayó abatido en Líbano por la artillería israelí, son muy elocuentes. Con mucha astucia el Estado Judío silenció estas causas con dinero.
Mas aun, la misma Fiscal Bensouda se expidió expresamente que existe serios indicios de crímenes de guerra cometidos por Hamas.
PÁRRAFO DEL INFORME DE BENSOUDA QUE ACUSA A HAMAS DE CRĺMENES DE GUERRA
Si es así, ¿a qué se debe tanta histeria y perturbación nacional israelí?
La conmoción de la mayoría de los estratos de la sociedad israelí, incluyendo a casi todos los partidos que representan a sectores judíos, se origina en que la fiscal de CPI no necesita muchos esfuerzos para disponer de pruebas irrefutables que Israel ha cometido decenas de miles de delitos de guerra desde 1967. Le es suficiente con la construcción de decenas de ciudades y colonias judías a lo largo y ancho de Cisjordania. El menor indicio de posible daño a colonias israelíes en Cisjordania, la clase privilegiada en todo sentido de la sociedad israelí, es capaz de convertirse en la mecha que enciende una rebelión con consecuencias impredecibles.
Cisjordania es un territorio bajo ocupación beligerante con el dominio de Israel como fuerza ocupante desde el 6 de junio de 1967. Al respecto, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de ONU de diciembre de 2016 obtenida por unanimidad (con la sola abstención de USA) fijó claramente que la colonización judía de Cisjordania es una acción que transgrede principios legales internacionalmente reconocidos.
Israel firmó y revalidó la firma de la cuarta Convención de Ginebra de 1949 que regula la protección humanitaria de civiles, sus vidas y sus bienes, en territorios en conflicto. En el último párrafo del artículo 49, se afirma lo siguiente: “La potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”. Esta es la base jurídica de la ilegalidad de todas las colonias judías en Cisjordania que inspiró la resolución del Consejo de Seguridad y que podría acarrear que altos funcionarios israelíes, civiles y militares, sean culpados y jugados por delitos de guerra.
Israel, como de costumbre, trata de escudarse en la excepcionalidad judía reclamando que la cuarta Convención de Ginebra no tiene vigencia en Cisjordania por tratarse de territorio donde no regia soberanía legal de otro país. La realidad demuestra que, fuera del servilismo incondicional del gobierno de Trump a Israel y los judíos, hasta la fecha ningún país del mundo está dispuesto a apoyar semejante interpretación israelí. ¿Cómo pretende Israel que los países del mundo acepten en silencio y no exijan justicia ante la firma de un general del ejército israelí, argumentando seguridad, que conllevó a la usurpación de tierras privadas de un nativo palestino vecino de Hebron, para luego ser entregadas de inmediato a civiles judíos que erigieron la ciudad de Kiriat Arba?
El miedo no es zonzo. En el día de ayer, Israel Katz, canciller de Israel, informó que el desalojo de la aldea palestina Khan al-Ahmar, pese al respaldo de los juzgados, se pospone indefinidamente ante el temor de las amenazas del CPI. Mas aun, por la misma razón, medios extra oficiales informaron en la fecha que el plan de Netanyahu de anexar el Valle del Jordán a Israel también se congeló hasta nuevo aviso (“Después del informe de la Fiscal del CPI, Israel congela la anexión del Valle del Jordán”, Ynet, 24-12-19)
Suponiendo que el CPI desestime el argumento de la limitación de la competencia judicial en los territorios de Cisjordania, Israel todavía dispone en su arsenal de un arma infernal de destrucción masiva: una tajante amenaza del servilismo de Trump con severas sanciones económicas al mundo en caso que se enjuicie a Israel por delitos de guerra. Ahí es donde reside el poder de la razón del Estado Judío de estos tiempos.
Como es de suponer, con este devenir los pueblos del mundo engrosaran sus filas con otros millones de adeptos que ahora se inclinan por una severa aversión hacia Israel, los judíos y el judaísmo. Solo es cuestión de abrir los ojos y mirar alrededor.
Ojalá me equivoque
Daniel Kupervaser
Herzlya – Israel 24-12-2019
http://daniel.kupervaser.com/