Sobretrabajados: ¿repentino interés de la derecha estadounidense por el sufrimiento laboral? Catherine Tumber. Escritora y periodista (co-editora de THE BAFFLER / eeuu)

Máquinaria en una fábrica estadounidense abandonada.

Empezando por el ascenso de Reagan, y siguiendo con el apogeo globalizador durante la época de Newt Gingrich y Bill “Tercera vía” Clinton, los presuntos conservadores han elaborado políticas económicas radicales que habrían hecho que Edmund Burke padeciera una apoplejía.

El triplete de políticas que desarrollaron supuso la victoria indiscutible de los plutócratas corporativos: fundamentalismo de mercado, desregulación financiera y globalización del capital y los flujos de trabajo. A los trabajadores estadounidenses, esos avances les costaron muy caros, principalmente en la industria manufacturera, ya que la inmensa reducción de puestos de trabajo e ingresos selló la desintegración de los sindicatos del sector privado y de la red de protección social.

Entretanto, los putativos herederos liberales del New Deal tampoco ayudaron mucho a los trabajadores industriales. Los neoliberales se mostraron encantados de mandar los bastiones tradicionales de producción doméstica a países en vías de desarrollo, mientras se pavoneaban de que el legítimo hogar del “trabajo del conocimiento” de gran calidad, la innovación digital y las finanzas mundiales, casualmente se encontraba en Estados Unidos.

Mientras tanto, la retórica del liberalismo identitario sirvió para disimular esas traiciones económicas, como sucedió durante las primarias demócratas de 2016, en las que Hillary Clinton le dijo a Bernie Sanders el disparate de que desmantelar la oligarquía bancaria no conseguiría disminuir en nada el sexismo y el racismo.

El libro de Oren Cass, El trabajador antiguo y futuro: una visión para renovar el trabajo en Estados Unidos, evalúa de forma curiosa, aunque oportuna, los últimos cuarenta años de políticas hostiles hacia los trabajadores, y lo firma un consejero político conservador, claramente molesto con los desagradables preceptos hobbesianos del capitalismo globalizador en el siglo XXI. Al mismo tiempo, Cass ofrece una innovadora visión política que sitúa en primer lugar el bienestar de los trabajadores industriales y propone una serie de “concesiones” entre los defensores a ultranza del libre mercado, los estadistas liberales y los nacionalistas obsesionados con las fronteras.

Por fuerza, las recetas de Cass ofrecen muchos aspectos que gustarán y otros muchos que odiarán todo tipo de personas con diferentes inclinaciones políticas, incluidos los partidarios de Trump que sienten aversión por Trump y se sienten incomprendidos. Y aunque solo sea porque se resiste a satisfacer las exigencias de cualquier partido importante existente o cualquier agenda de cabildeo industrial, debería ponerse sobre la mesa para discutirla seriamente.

SE HA SACRIFICADO EL BIENESTAR DE DEMASIADOS TRABAJADORES EN FAVOR DE UN RÉGIMEN COMERCIAL QUE SE BASA EN EXPANDIR EL PIB NACIONAL Y EL PODER ADQUISITIVO DE LOS CONSUMIDORES, AMBOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

Con un tono más característico de Bernie Sanders que de Milton Friedman, Cass, un veterano profesor del Manhattan Institute, sostiene que los legisladores económicos han amañado de forma deliberada la economía productiva de Estados Unidos para forjar una concesión sistémica que beneficie a las fuerzas del capital mundial: a lo largo de las últimas cuatro décadas, se ha sacrificado el bienestar de demasiados trabajadores en favor de un régimen comercial que se basa en expandir el PIB nacional y el poder adquisitivo de los consumidores, ambos medidos en términos absolutos.

De acuerdo con estos reducidos términos, el éxito ha sido abrumador: el PIB nacional y el índice de precios al consumo han conseguido resultados muy positivos (gracias) desde 1975. Sin embargo, los resultados per cápita no han sido tan alentadores. Desde mediados del siglo XX, los economistas más importantes han promovido “el ascenso de los consumidores y [han priorizado] sus intereses en detrimento de los productores”.

Los dos partidos políticos principales dieron el visto bueno a este consenso: el partido republicano aceptó a regañadientes que se ayudara a los perdedores del sistema con programas de protección social neokeynesianos y el partido demócrata accedió a las siempre crecientes exigencias de desregulación del sector privado sin las cuales el PIB no crecería con la fuerza suficiente.

Cass utiliza un término muy apropiado para describir los efectos de todo esto en nuestra política y en nuestra cultura: piedad económica, según la cual todos los valores se reducen a parámetros cuantificables, mientras que los valores menos tangibles, pero más importantes (el bienestar de los trabajadores y la felicidad) pasan desapercibidos.

Cass quiere invertir la situación actual haciendo que los mercados de trabajo productivo sean el núcleo de la política económica, y propone un conjunto de medidas para el rendimiento económico que dejen de tratar al “trabajo” como una cosa más que los de arriba consumen o conciben de forma abstracta, como si fuera un factor más en el crecimiento del PIB.

“El trabajo importa”, reivindica, y sostiene que la base para una prosperidad sostenible deberían ser familias y comunidades fuertes que puedan mantenerse a sí mismas, ayudarse las unas a las otras y traspasar sus conocimientos prácticos y sus valores cívicos a las generaciones futuras.

El factor clave en la visión política de Cass es lo que él denomina pluralismo productivo: “unas circunstancias económicas y sociales en las cuales personas con capacidades, prioridades y geografías diversas, con caminos vitales diferentes” puedan prosperar. Con su complemento al énfasis progresista por la “desigualdad salarial”, que compensa la pérdida de trabajos o los salarios insuficientes mediante programas de redistribución de ingresos, o a la insistencia neoliberal en que los trabajadores deberían sencillamente abandonar sus comunidades natales por trabajos en mercados laborales prósperos, que principalmente se encuentran en las grandes ciudades, Cass reivindica algo parecido a la clase, aunque nunca se atreve del todo a llamarlo así.

Para recuperar la capacidad productiva, sostiene Cass, hará falta tiempo, drásticas reformas políticas y rescatar culturalmente al trabajo productivo de los márgenes a los que lo han relegado los hechiceros financieros. Advierte también de que no se pueden ampliar sectores enteros de la economía así como así.

“Cuando se realizan malas inversiones (o no se producen inversiones) en un momento dado, los efectos negativos se propagan durante años”, observa, y también llevará años acumular el conocimiento y la experiencia productivos, desarrollar cadenas de suministro y armonizar unas prioridades educativas que permitan “comenzar de nuevo por detrás de aquellos que progresaron de forma más estable”.

Nada de esto significa que Cass reniegue del capitalismo o del crecimiento económico. Sus recetas políticas son un combinado de desregulación, gobierno en minúsculas, mercados integrados parecidos a los de Polanyi, subsidios gubernamentales, inmigración fuertemente restringida y proteccionismo comercial focalizado. La pregunta es si la receta de Cass se echaría a perder si se eliminara uno solo de sus ingredientes y, casi con toda seguridad, la discusión sobre este libro implique aceptar o rechazar diferentes elementos del conjunto.

LA INDUSTRIA IMPORTA: A LARGO PLAZO EXISTE UN ABISMO ENTRE HACER CHIPS DE ORDENADOR Y CHIPS DE PATATA

En su cara más trumpista, Cass sostiene que aumentar la capacidad productiva para que aumenten los trabajos industriales y los salarios implica cerrar las fronteras de EE.UU. a la competencia comercial desleal y a los “inmigrantes ilegales” no cualificados. Su primera queja se puede resumir en una palabra: China y sus industrias subsidiadas, su manipulación de divisas, su robo de patentes, sus disposiciones parecidas a los aranceles, su compra de acciones, bonos y bienes raíces de EE.UU., en lugar de comprar productos estadounidenses, y otras conocidas maniobras que condujeron a la pérdida en EE.UU. de aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo industriales solo entre 1999 y 2011.

Cass, que considera esta situación algo intolerable, sostiene que luchar por la industria estadounidense contrarrestando todas estas prácticas es difícilmente un “ejercicio de nostalgia sin sentido”. Puede que el comercio asimétrico con China empuje a la baja a los precios de consumo, pero la industria importa: a largo plazo existe un abismo entre hacer chips de ordenador y chips de patata. El primero conlleva fructíferos efectos indirectos en los ecosistemas de investigación y en las cadenas de suministro, mientras que el segundo no. Adoptar una “visión productiva” por encima de una consumista conduce a un desarrollo económico duradero y un crecimiento económico duradero en trabajos dignamente remunerados.

Las opiniones de Cass sobre política migratoria son más complejas y no deberían, según dice, recibir el apelativo de “racistas”. Las empresas suelen decir que los inmigrantes sin cualificación ocupan trabajos que los nativos no quieren hacer, pero Cass sostiene que el efecto que provoca su presencia en los elevados números actuales no es el de “robar trabajos” sino el de contener salarios.

Si la enorme influencia que tienen sobre el mercado de trabajo estuviera limitada, afirma, las empresas se verían obligadas a responder con adaptaciones en el mercado, como por ejemplo ofrecer sueldos más elevados, programas de formación y mejores condiciones de trabajo, que atraigan tanto a los trabajadores nativos como a los inmigrantes indocumentados.

Para amortiguar el golpe, Cass reclama una vía a la ciudadanía para aquellos inmigrantes que hayan echado raíces en las comunidades de EE.UU., y que las llegadas más recientes se enfrenten a la expulsión. Estas medidas podrían parecer brutales, sobre todo porque conciernen a refugiados políticos llegados de regímenes violentos, pero están dirigidas a intentar resolver el impasse político actual, que otorga ventaja a las empresas y en el que se anima a los trabajadores desplazados o precarios del sector industrial a que descarguen todo tipo de sentimientos entre hostiles y tóxicos contra sus competidores nacidos en el extranjero.

El objetivo a largo plazo, escribe Cass en cierto pasaje del libro, y esto suena realmente inesperado viniendo de parte de un consejero político conservador, es: “Se habla coloquialmente de trabajadores que necesitan trabajo y de empresas que los proporcionan, pero en realidad los trabajadores son los productores del mercado laboral y las empresas sus clientes”.

SE HABLA DE TRABAJADORES QUE NECESITAN TRABAJO Y DE EMPRESAS QUE LOS PROPORCIONAN, PERO EN REALIDAD LOS TRABAJADORES SON LOS PRODUCTORES DEL MERCADO LABORAL Y LAS EMPRESAS SUS CLIENTES

Otros dos aspectos delicados para la izquierda liberal afectan a los sindicatos laborales y a las protecciones medioambientales y, en ambos casos, las premisas de Cass son similares. Si ya existen protecciones laborales y programas de protección social en el ámbito federal, se pregunta, “¿qué queda por negociar?” Si la calidad del aire y del agua ha mejorado mucho, ¿por qué no eliminar las restricciones legales para permitir que se expanda el trabajo industrial productivo?

Este argumento es un triste recordatorio de que las simpatías de Cass por los trabajadores solo llegan hasta cierto punto. De hecho, cuando revisa muchos de los razonamientos favoritos de la derecha desreguladora, aparece el sueño máximo del liberalismo económico, que asienta sus raíces en la miope desconsideración del poder asimétrico que albergan las grandes empresas.

Los sindicatos actuales son “una reliquia de la Gran Depresión”, nos cuenta Cass, y hoy en día no hacen otra cosa que actuar como brazo político del partido demócrata nacional. Imponen innecesarios obstáculos a las empresas supervisados por la administración, que van desde las medidas exactas que tiene que tener un pasamanos, según la OSHA, hasta las horas extraordinarias pagadas a un 50 % adicional, que solo sirven para paralizar los esfuerzos de las empresas por satisfacer las demandas cambiantes del actual mercado mundial y evitar que puedan contratar a más personas.

Que el número de afiliados a los sindicatos se haya desplomado en los últimos 30 años, afirma, refleja el rechazo de los trabajadores hacia los sindicatos. A menudo Cass anticipa con astucia las posibles críticas que puedan plantearle, pero en este caso permanece callado sobre sobre la actual guerra del partido republicano contra los sindicatos, incluidos los parches patricios como el “derecho a trabajar” que se aplican en el ámbito estatal y que están diseñados para desestabilizar los esfuerzos sindicalizadores.

Sin embargo, en al menos un aspecto, Cass se aleja de sus hermanos antisindicalistas del núcleo duro. Aboga no por deshacerse de los sindicatos por completo, sino por hacer una especie de maniobra evasiva a su alrededor, algo así como la llamada elección de centros: modificar la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) para permitir el desarrollo de métodos alternativos de representación sindical, inspirados principalmente en los acuerdos socialdemócratas europeos.

Según la idea que tiene Cass sobre una política laboral revisada, las cooperativas laborales sin ánimo de lucro gestionarían los programas de ayuda laborales, como por ejemplo los seguros de desempleo y de salud, y las asociaciones de formación profesional, consiguiendo financiación a través de miembros, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y el gobierno.

Al ser organizaciones sin ánimo de lucro, estas cooperativas tendrían prohibido realizar donaciones políticas de no ser a través de los comités de acción política, lo que conseguiría disociar los sindicatos de la política nacional de partidos. Los consejos laborales que se formarían principalmente en el ámbito local estarían más al tanto de las decisiones de las empresas y tendrían poder para negociar los términos de la producción.

“Algunos de estos arreglos hipotéticos resultarán sin duda siendo poco prácticos”, admite Cass, “aunque surgirán muchas otras alternativas que todavía no han sido concebidas si las empresas y los trabajadores tienen la libertad para innovar fuera de los límites de la NLRA”. Muy cierto, pero ninguna de estas ideas (algunas de ellas intrigantes) protege la fuerza de trabajo, y todas descansan sobre un ideal corporativista sin fundamento histórico basado en una harmonía libre de tensiones. Esa podría ser precisamente la razón de que recientemente se haya inaugurado una columna de David Brooks que afirma interpretar para los lectores del New York Times “lo que la clase trabajadora todavía está intentando decirnos”.

En lo que respecta a las normas medioambientales, la apuesta de Cass por eliminar algunas reglamentaciones que impiden expandir los complejos industriales es una propuesta lo suficientemente sensata, incluso para alguien como yo, que escribió un libro sobre reconstruir una economía productiva con bajos niveles de carbono sobre las cenizas de las denominadas ciudades posindustriales. Pero su apoyo incondicional por la energía de combustibles fósiles y su amor por el fracking es exasperantemente irresponsable.

Tampoco encontrarás ni “calentamiento global” ni “cambio climático” en el índice del libro. Y en un reciente ensayo publicado en National Affairs, Cass sostiene, sin justificación posible, que el cambio climático antropogénico, gracias al largo período de tiempo que permite una adaptación gradual, es solo uno de “muchos preocupantes problemas”. Otros desafíos, como las pandemias, son rápidos y provocan enormes e inmediatas pérdidas de población y, por tanto, son igual de acuciantes.

Entre los diversos problemas que tiene esta línea de pensamiento está que la pérdida de población es difícilmente el único problema que presenta el cambio climático. Las guerras por los recursos agotados o contaminados, la escasez alimentaria y, sí, las enfermedades pandémicas, también son consecuencias plausibles. Y los trabajadores, junto con todos los demás, serán las víctimas de estas consecuencias si las emisiones de carbono no se reducen drásticamente.

Sin embargo, otras tres ideas merecen una consideración más atenta y menos escéptica. Una es la propuesta de Cass de sustituir el salario mínimo federal por un programa más flexible que incluya subsidios salariales para los trabajadores cuyos empleadores no puedan competir en el mercado laboral mundial por los salarios de pobreza que se pagan en los países en vías de desarrollo.

Esta ayuda económica se pagará, en parte, mediante otra reforma que agiliza la entrega del pago de las prestaciones sociales al reagruparlas bajo un mismo programa federal, que Cass llama Fondo Flexible. En resumen, la idea es reducir la burocracia estatal y federal sin alterar los niveles de financiación de base y hacer que la apabullante maraña de pagos y prestaciones sea más fácil para las empresas y para los recipientes.

El plan del Fondo Flexible también ofrece a los estados y a las municipalidades, que poseen una mayor comprensión de la situación sobre el terreno, mayor discreción para distribuir los fondos. Pero una mayor flexibilidad conlleva una mayor posibilidad de abuso: una única agencia de información que controle los pagos de la asistencia social también podría abrir la puerta a que se crearan pequeños feudos de corrupción y prejuicio municipal, frente a los cuales un sistema judicial cada vez más conservador podría hacer la vista gorda. Pero en líneas generales se trata de una propuesta de redistribución convincente que potencia los incentivos para trabajar, a diferencia de, como afirma Cass, la idea de una renta básica universal.

Por último, el ideal de pluralismo productivo de Cass implica recuperar nuestro currículo escolar superior estándar, es decir, deshacerse del objetivo de “universidad para todos” que comenzó después de la 2ª Guerra Mundial con la G.I. Bill (NdT: la ley de financiación de estudios técnicos o universitarios para los soldados desmovilizados).

En su lugar, Cass defiende un método de redirección hacia la formación profesional para aquellos estudiantes que no tienen intereses académicos. Tras décadas de reformas educativas, formación continua del profesorado y despilfarros en elección de centros, Cass concluye que solo una quinta parte de los estudiantes de instituto terminan completando los estudios universitarios.

La inmensa mayoría de los trabajadores con estudios medios están atascados social y económicamente y carecen de las habilidades necesarias para el actual mercado de trabajo o, de lo contrario, son desempleados crónicos que cargan con deudas universitarias por títulos que no necesitan para ganarse la vida. El redireccionamiento hacia la formación profesional es el método que se ha empleado en la mayor parte del mundo desarrollado, observa Cass, donde entre el 40 y el 70 % de los estudiantes de secundaria están en programas educativos de formación profesional o técnica.

LA VISIÓN POLÍTICA DE CASS, CON TODAS SUS VIRTUDES Y DEFECTOS, DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA BUENA VOLUNTAD Y LA GENEROSIDAD DEL SECTOR PRIVADO

Los estadounidenses que se aferran a falsas nociones de meritocracia y movilidad social ascendente gracias a la educación pensarán que esta propuesta es chocante, pero no será así para aquellos que sean conscientes de las pocas salidas viables que ofrece el sistema escolar estadounidense, con la única excepción del breve interregno de prosperidad ampliamente extendida que se produjo tras la guerra y que disfrutaron mayormente los blancos.

La propuesta de Cass proporciona al menos una oportunidad clara para aquellos que están atrapados en la mitología del ascenso social al prepararlos para conseguir los medios materiales que les permitan mantenerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades. De la mano de este cambio en la política educativa, Cass aboga por recuperar el respeto cultural por el trabajo productivo (la dignidad del trabajo y el valor social que conlleva) en lugar de desestimarlo como una salida irrelevante hacia mayores niveles de consumo.

La visión política de Cass, con todas sus virtudes y defectos, depende en gran medida de la buena voluntad y la generosidad del sector privado. Es por ese motivo que resulta muy frustrante desde el punto de vista analítico que se muestre tan dispuesto a dejar que la oligarquía corporativa de EE.UU. se salga con la suya con respecto al “preocupante problema” del cambio climático.
Incluso aunque la amenaza de cambio climático irreversible no se eleve al grado de imperativo moral de primer orden, de acuerdo con la forma de pensar de Cass, sin duda presenta una “oportunidad de negocio”. Si vamos a tomarnos la molestia de reestructurar la política económica y los mercados de trabajo para beneficiar a los trabajadores industriales, ¿por qué no ir un paso más allá y modificar lo que producimos para seguir el ritmo de los competidores mundiales de China y Europa en lo que a innovación hipocarbónica se refiere?
En su ensayo de National Affairs, Cass se queja de que la retórica de la urgencia climática favorece una “agenda ecológica impulsada por el gobierno”, como si una agenda de ese tipo pudiera de algún modo asfixiar la buena voluntad cooperativa de nuestras empresas, que ya practican en otros casos como, por poner un ejemplo al azar, la negociación con los trabajadores.
Ese incompatible optimismo delata en gran parte su estrategia. Si las empresas no son capaces de compartir el poder en algo tan vital como una propuesta para llevar a cabo un New Deal Ecológico, el apoyo de los conservadores hacia los trabajadores industriales se convierte en otra quimera de Gingrich, que pone en peligro a las “familias y comunidades” obreras, presentes y futuras, además de a todos nosotros.